Carta de nuestro amigo JAIME

Carta de Jaime Giménez Arbe conocido mediáticamente como "El Solitario" a la opinión pública. En ella Jaime Jiménez habla sobre su vida, su concepción personal y política del mundo y algunos de los motivos que le llevó a hacerse atracador de bancos. Declara su inocencia en las muertes de dos guardias civiles y hace un relato pormenorizado de las condiciones infrahumanas y continuas violaciones de los derechos humanos que se viven en nuestras cárceles.

Está desde el 1 agosto 2008 en MONSANTO, la única prisión de máxima seguridad que hay en Portugal. Mandarle algo, cosas para distraerse, ya veis que sabe 5 idiomas y es músico, con lo que no habrá problema en encontrar algo que le guste.

Jaime Giménez Arbe
Estabelecimento Prisional de Monsanto
Avenida 24 de Janeiro, 10
1500-624 LISBOA
Tel. 217 703 100
Fax: 217 774 089
epmonsanto@dgsp.mj.pt


Hola:

Nací en Madrid hace 52 años, hablo cinco idiomas, soy técnico en refrigeración industrial, electricista, soldador, tornero, fresador, mecánico, técnico en electrónica, piloto privado de helicópteros U.F.R., patrón de embarcaciones de recreo y músico. Pero antes que nada soy un ser humano, una persona normal que acierta y se equivoca, como todos. Siempre me sentí identificado con el movimiento insurgente de mayo de 1968 en París y así eslóganes como “prohibido prohibir” o “seamos realistas, pidamos lo imposible” llegaron ya en mi temprana adolescencia al fondo de mi corazón, a la más intima esencia de mi personalidad. Siempre creí en la paz, el amor, la no violencia, la cooperación constructiva entre los diferentes seres humanos independientemente de su género, raza, condición social o procedencia. Pero también tuve la percepción a temprana edad, de la enorme injusticia y violencia que impera en las relaciones humanas, en mi ingenuidad adolescente, llegué a la conclusión de que una gran parte de estas situaciones, impropias de la condición humana, eran consecuencia directa de la codicia y el egoísmo. Pronto identifiqué al capitalismo, tanto en su forma privada, corporativa o estatal, como el agente directo y responsable de la infelicidad humana. En ese preciso momento nació el insurgente contra la injusticia y el capitalismo que soy hoy en día, también decidí ese día, que algo había que hacer para combatir a ese monstruo. Desgraciadamente, también pronto descubrí que existía un ente aglutinador y en esencia muy violento e injusto, que da seguridad al capitalismo y en simbiosis criminal con él, se beneficia de la explotación de mis hermanos y hermanas, este ente era y es el Estado. Consideré necesario luchar para conseguir un mundo más justo y más social, trabajar por una sociedad sin clases y sin castas, donde la educación en libertad y donde el trabajo abundante y colectivo y la riqueza por él generada, fuera justa y equitativamente distribuida.

Siempre rechacé la máxima tan profundamente injusta de “tanto tienes, tanto vales” y siempre creí que “tanto eres, tanto vales” se ajustaba más a la verdad. La abolición de la pobreza, del racismo, de la ignorancia, del clasismo, de la riqueza insultante y de la violencia organizada del Estado deberían ser objetivos prioritarios en mi lucha. También era fundamental conseguir controlar al Estado y provocar su reforma integral, si no se podía técnicamente obtener la abolición de éste, el objetivo de conseguir una sociedad sin clases, donde se superara la organización estatal de la sociedad y al capitalismo como motor de la riqueza social, pasaron a ser objetivos prioritarios. El fin último sería acabar con la opresión capitalista por medio de una Revolución Social Anarquista, que nos trajera una sociedad ácrata autogestionaria.

Hasta aquí los buenos deseos, parafraseando a don Quijote cuando le dice a Sancho Panza “con la iglesia hemos topado, amigo Sancho” también noté que en el camino se erguían formidables obstáculos. Entre ellos cabe destacar a los Bancos privados. Los Bancos privados existen, en teoría, como meros apéndices de un Banco estatal, en España es el Banco de España, en el Reino Unido es el Banco de Inglaterra, en los Estados Unidos es la Reserva Federal. Tienen, en teoría, el cometido de maximizar la rentabilidad explotadora de la población, ya que como todos conocen, el Estado no es demasiado diligente y tiende a delegar en explotadores profesionales su inicua tarea. Teóricamente el Banco de España concede permiso para operar a un Banco privado, con la concesión de una denominada “ficha bancaria”, y teóricamente puede castigar al Banco que opere desaprensivamente con la retirada de ese permiso. Pero la realidad, que en innumerables ocasiones se empeña en contradecir a la teoría, es inexorable; el Banco de España es dirigido por un funcionario del Estado, dependiente de un ministerio dirigido en sus decisiones estratégicas por un político profesional, y aquí entra en juego la parte más importante de la ecuación diabólica. Los políticos profesionales, para llegar al poder de decisión estratégica, deben concurrir integrados en unos partidos políticos y competir en unas supuestas elecciones democráticas.

Naturalmente, en una sociedad capitalista, estos partidos necesitan de financiación para alcanzar sus objetivos. Financiación ilimitada, y aquí es donde intervienen los Bancos privados. Básicamente, imponen para conceder su ayuda a los partidos políticos que estos adopten, cuando alcancen el poder, políticas tendentes a su propio beneficio. Para asegurarse este objetivo, imponen a sus propios agentes en las listas electorales de los partidos políticos, y se aseguran que estén bien situados en esas listas. Y para asegurarse que tendrán éxito en su objetivo, posicionan a sus agentes en cualquiera de los partidos políticos, con posibilidad de éxito electoral, para que de esta manera y con independencia de qué partido político sea el vencedor en las elecciones, ellos se aseguren la victoria. De esta manera acceden al control del Ministerio de Hacienda, que a su vez diseña la política económica que los consejos de administración y accionistas mayoritarios de los Bancos privados desean, para su perpetuación en el vértice de la pirámide del poder, y así, resulta un juego de niños controlar el Banco de España, que, en teoría, tendría la función de controlarles a ellos. Por medio de la designación de un gobernador del Banco de España dócil y afín a sus intereses, se consigue su objetivo. De esta manera los Bancos privados consiguen la supremacía política y además el derecho de pernada de explotar a la sociedad civil con total impunidad, todo muy legal, pero absolutamente ilegítimo tanto el medio como el objetivo. De esta manera, la asociación mafiosa entre banqueros y políticos, se erige como explotadora de la población en su conjunto. Y los banqueros y su negocio fraudulento, como los auténticos amos de la plantación de algodón, y nosotros, la gente, como sus esclavos negros explotables y sustituibles.

Ante esta enorme injusticia decidí, con conciencia, convertirme en insurgente contra el capitalismo explotador, tomando las armas, para combatirles en la medida de mis modestas fuerzas. Siempre con el convencimiento de ser David luchando contra Goliat. No quiero entrar en detalles de mi lucha desigual contra el monstruo y su cómplice y valedor: el Estado. Si en cambio quiero reseñar cómo la Banca privada es un auténtico mal social, ejemplo de egoísmo sin límites, conformado como un poder terrorista social fuera de control, que aplica la política de hechos consumados y es responsable de la corrupción social y política. A este respecto quiero reseñar que sin una toma de conciencia general que desenmascare a estos enemigos de las personas y de la sociedad en su conjunto, será muy difícil hacerles pagar por el daño social inflingido a la colectividad. Deseo además señalar la condescendencia que muestra la Justicia, uno de los pilares del Estado, cuando los delitos económicos cometidos por banqueros son sacados a la luz pública. En el famoso caso de los “fondos opacos” y de las “inversiones en paraísos fiscales” llevados a cavo por el Banco B.B.V.A. y el Banco Santander, el fiscal no encontró delito porque según él, no había perjudicados. Evidentemente la evasión fiscal y la puesta de capitales de oscura procedencia en la isla de Gran Caimán (paraíso fiscal en el Caribe) “no es delito”. Naturalmente los perjudicados son la Hacienda pública y todos los españoles que pagan sus impuestos, pero indudablemente, lo peor de todo es el agravio comparativo y la desigualdad de tratamiento que el Estado da a poderosos y a “súbditos”. Pero de lo que se trata es de no molestar a los dueños del “chiringuito”.

A los políticos profesionales les gusta mucho decir que España es un Estado democrático y de derecho, mejor sería que dijeran que es un estado cleptocrático sin derechos, porque la verdad, ni ellos mismos se atreven a decir que es un Estado libre, de libertad. Aunque como se ve, algunos tienen toda la libertad y otros no tienen nada. Es cuestión de estar bien situado, al calor del poder, ya sea este político, económico o mediático. En los últimos años, asistimos anonadados al robustecimiento del Estado capitalista corrupto. Su desfachatez y carencia de escrúpulos han llegado a cimas históricas. Al calor del neoliberalismo, que bien pudiera llamarse neofascismo, y con el apoyo entusiasta de los medios de comunicación de masas, controlados por la Banca, han logrado confundir a la sociedad, engañarla, sería la palabra correcta. Han conseguido hacer creer, que la incapacidad del Estado para crear riqueza social, es un mal asumible y que este mismo Estado que gradual y paulatinamente recorta día a día libertades, educación, garantías de futuro para la mayoría de la población, no es responsable del desaguisado en modo alguno. Con ayuda de sindicatos alicortos, al servicio del poder político-económico, han conseguido la rendición de la clase obrera trabajadora. La manera ha sido sencilla: han provocado un paro masivo y al mismo tiempo han provocado un “dumping” social con la importación de grandes cantidades de trabajadores poco cualificados, para que las personas que viven de su trabajo, vean mermados sus ingresos y así su capacidad de decisión social. Todo para mantener el beneficio de los Bancos, que en un contexto de pobreza generalizada, aumentan sus beneficios exponencialmente año tras año. Bancos éstos, además, que coordinados con compañías multinacionales y grupos políticos y militares pretenden el advenimiento de “un nuevo orden mundial”. Estos grupos como el Carlyle Group o la Trilateral, son auténticos poderes fácticos mundiales y a ellos pertenecen grandes accionistas del Banco Santander y B.B.V.A.. El objetivo de esta mafia es el control de las gentes del mundo entero, y es evidente que para llevar a buen puerto su diabólico objetivo, necesitan del servicio lacayo y cómplice de los Estados. Es obvio que a semejantes enemigos, que no dudan en arruinar el medio ambiente para conseguir beneficios o nos meten en guerras abstractas “contra el terrorismo”, hay que frenarles en seco. Hora es de que la gente tomemos la iniciativa y pongamos a estos en su sitio, y más ahora si cabe, que la “guerra contra el terrorismo”, burda coartada para una guerra imperialista y colonialista que pretendía el control de los recursos energéticos mundiales, la están perdiendo. Aprovechando su inmenso error estratégico y la recesión económica que su maldad e insensatez han provocado en el mundo, hora es de cambiar todo, absolutamente todo, y a los responsables meterlos en la cárcel, cárcel que “disfruto” yo en estos momentos.

Tengo que decir, una vez más, que si yo no me conociese bien, estaría aterrado por la imagen que los medios de comunicación han dado acerca de mi persona; un ser frío, calculador, esquizofrénico, asesino, entre otras lindezas. Tengo que reconocer que los “medios de deformación de la realidad”, también conocidos como medios de comunicación, o más finamente como “mass media” han realizado a conciencia su labor. No sólo me han difamado, pre-condenado, neutralizado mi presunción de inocencia, adulterado mis cartas, presentado a la gente como si fuera un “Anibal Lechter” cualquiera, personaje central de la película “El silencio de los corderos”, sino que me han negado una simple rueda de prensa, en la que pudiera poner en claro todas las falsas acusaciones que contra mi se hacen. Abusando de la credulidad de la gente, que lamentablemente se cree a pies juntillas todo lo que la televisión vomita, han tirado piedras, han escondido la mano y me han impedido el derecho de réplica, a mayor satisfacción del Estado y del propietario de los medios de comunicación; la Banca. Esta Banca que no dice nada, pero que por la pestilencia del veneno que destilan los medios de comunicación, se percibe nítidamente su concurso y activa presencia entre bastidores. Para ellos, naturalmente, soy un muy mal ejemplo, debo de ser desactivado y difamado para que no surjan imitadores, porque de lo que realmente tienen miedo, es de que mi modesto ejemplo pudiera ser una modestísima y grave amenaza, si hubiera muchos más insurgentes contra el capitalismo, de ahí la importancia del castigo ejemplar como aviso a navegantes futuros. Esa tan cacareada “alarma social”, no es más que la alarma generada entre banqueros y diligentes servidores del Estado corrupto, en el que lamentablemente sobrevivimos.

Llegados a este punto quisiera subrayar, una vez más, mi inocencia en la muerte de los dos guardias civiles de Castejón (Navarra). Ante el juez de Tudela expliqué la concatenación de sucesos que llevaron a la muerte de los dos guardias civiles, y también aclaré quién lo hizo. A este respecto tengo que señalar que se me ha hecho un perfil genético de A.D.N. que espero ayude a demostrar mi inocencia. Este y otros detalles como el modelo, marca y color del vehículo desde donde se realizaron los disparos, espero que ayuden en la investigación. También desearía que se demostrara la falsedad de los testigos aportados por la policía, y de ser así la Justicia les aplicara las penas que por falso testimonio y perjurio, les puedan corresponder, y de haber instigadores al falso testimonio y perjurio, se proceda a depurar sus responsabilidades allá donde estos estuvieran, incluso entre la guardia civil, elementos de la judicatura o medios de comunicación. Lo que sí puedo decir públicamente, es que no tengo ningún interés en hacer de “chivo expiatorio” o de “cabeza de turco”, a mayor gloria de la Banca y el Estado. Comprendo que la guardia civil tenga un enorme interés en descubrir a los que mataron a sus compañeros, pero también debían tener un interés similar en depurar responsabilidades, cuando son ellos los que matan a personas inocentes y no encubrir sus fechorías con el inestimable apoyo de la judicatura o del escalafón policial. Recientes casos como el del sub-sahariano al que supuestamente pincharon el flotador cuando intentaba, nadando, entrar en España y que murió ahogado al parecer entre bromas de los guardias civiles actuantes, o del marroquí que “murió accidentalmente” en la valla perimetral que rodea a Ceuta y que posteriormente y abriendo una puerta, arrojaron el cadáver baleado al lado marroquí de la frontera, para librarse de cualquier responsabilidad, o del caso de Roquetas de Mar, donde apalearon a un agricultor, matándolo, y después intentaron encubrir sus fechorías destruyendo el video de vigilancia perimetral que protege el cuartel de Roquetas de Mar, y que fue prueba incriminatoria, a este respecto señalar la condescendencia y facilidades dadas por la juez de Roquetas a los implicados, guardias civiles, para la presunción de inocencia de los mismos. Presunción de inocencia que al que esto escribe se le ha denegado desde el primer momento, y es que es sintomática las diferentes longitudes de las varas de medir que el Estado aplica, en función de quién comete las fechorías. Si las fechorías las cometen las diferentes policías del Estado español, todo se intenta ocultar, deformar, tapar, invocando la presunción de inocencia de los policías. Pero cuando los muertos son policías, entonces la cosa cambia, ya no existe presunción de inocencia, sólo hay espíritu de venganza. Lo que demuestra que los ciudadanos no somos iguales ante la Ley, como consagra la Constitución española. Los funcionarios del Estado tienen más derechos que las personas no afectas a la Administración. Naturalmente el árbitro es el mismo Estado, un poco como Juan Palomo “yo me lo guiso, tú te lo tragas” sin posibilidad de rectificación, todo el mundo sabe las dificultades que arrastra cualquier ciudadano, sin influencia digna de reseñar, que siendo víctima de un abuso policial, quiere denunciar ante la justicia un atropello, simplemente tiene que desistir, para no complicarse la vida aún más. A mi me gustaría saber, como en este país, se le puede poner el cascabel al gato, cuando se trata de denunciar a la policía. Al parecer no es posible para la gran mayoría de la población, somos víctimas potenciales en cualquier momento y en cualquier lugar, sin remisión. Volviendo al asunto de la muerte con arma de fuego de los dos guardias civiles de Castejón, tengo que denunciar públicamente mi certeza de que no voy a tener un juicio justo y que ya estoy pre-condenado de antemano. Y me explico: Cuando el Tribunal de Relación de Lisboa en su sección 9ª, acordó mi traslado temporal a España por un periodo de 60 días, para responder sola y exclusivamente ante el juez del juzgado de instrucción número 3 de Tudela, respondiendo a un mandato de detención europeo, también acordó no extraditarme a España hasta que fuera juzgado en Portugal y en caso de ser condenado, cumpliera allí integra la condena. Es decir, que no puedo ser interrogado por ningún otro juzgado, ni tampoco juzgado, puesto que Portugal, al haberme detenido, se reserva la primacía. Estando ya en España, en la prisión de Zuera, la Audiencia de Navarra acordó solicitar a Portugal la prorroga de mi estancia en España por otros cinco meses más, casualmente, el escrito de petición a las autoridades portuguesas es posterior en dos días a la respuesta dada, en sentido positivo, por Portugal. Quiere esto decir, que la petición a Portugal fue cursada cuando ya se tenía la respuesta afirmativa de las autoridades portuguesas. Curiosa circunstancia esta, que prueba una intervención política entre bambalinas, en mi caso a enjuiciar. Si hay intervención política, supone meridianamente que mi caso no es un mero caso judicial más, sino, pese a quién le pese, un caso político que se quiere disfrazar de mero asunto criminal. Pero esta irregularidad es una más del cúmulo de irregularidades y maquinaciones que envuelve, para mi desgracia, mi caso. Y prueba de ello es lo siguiente: En el mandato de detención europeo, y por normativa europea, tiene que determinarse claramente el tipo de tribunal y clase de juicio a que voy a ser sometido, y al mismo tiempo tiene que señalarse con claridad el delito o delitos de los que se me acusa y también deben de señalarse las penas a las que puedo ser condenado. Se excluyen del mandato de detención europeo, los delitos de faltas, los delitos que lleven aparejados una corta pena, así como los delitos de naturaleza política. En el mandato de detención europea, el juzgado número 3 de Tudela especificaba claramente que yo iba a ser enjuiciado por un tribunal con jurado popular. Sólo se concedió mi extradición temporal con esa condición, y con esta condición, ser juzgado por un tribunal con jurado popular, acepté venir a España. Porque podría haber recurrido cualquier decisión judicial portuguesa y permanecer mucho más tiempo en Portugal, sin volver a España, pero como estaba muy interesado en explicar a las autoridades judiciales españolas como se desarrollaron los trágicos hechos, que dieron lugar a la muerte de los dos guardias civiles de Castejón, y de los que vuelvo a repetir una vez más: Soy inocente, acepté venir a España por dos meses. A continuación y para su mejor comprensión voy a relatar cronológicamente una serie de resoluciones judiciales de la Justicia de Navarra y que me llenan de desasosiego y me hacen pensar que mi caso ya esta “precocinado” y listo para ser yo condenado. El juicio sería así un mero formulario más.

El día 5 de octubre de 2007, el juzgado de instrucción número 3 de Tudela acuerda incoar procedimiento para enjuiciarme con un tribunal de jurado. Pero el día 11 de octubre, el fiscal decide recurrir el auto del juez de Tudela, diciendo que el delito de tenencia ilícita de armas no puede considerarse como un medio para la comisión del delito de homicidio. Ante este argumento peregrino no puedo más que asombrarme. A los guardias civiles les mataron a tiros, con arma de fuego. No murieron por un conjuro mágico o envenenados, luego está claro que si no hubiera arma de fuego, no habría habido guardias civiles muertos. Esto lo ve cualquiera. No se necesitan sesudos dictámenes. Es una evidencia. El día 23 de octubre, incluso la acusación particular muestra su conformidad para que el juicio se celebre con un jurado popular. Con fecha de 2 de noviembre de 2007, el juez del juzgado de instrucción número 3 de Tudela rechaza el recurso del fiscal, y establece que voy a ser juzgado por un tribunal con jurado popular. Pero el fiscal, erre que erre, vuelve a apelar, esta vez ante la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra, que dicta una resolución el día 20 de diciembre de 2007 en la que revoca el auto del juez de Tudela, da la razón al fiscal y decide que voy a ser juzgado por un tribunal ordinario, esto es, sin jurado popular. En su resolución, dictamina que hay que hacer una interpretación restrictiva en los asuntos enjuiciables por un tribunal con jurado popular, aduce que sólo deben enjuiciarse asuntos sencillos, nunca se tienen que enjuiciar casos de una gran complejidad. A este respecto conviene recordar que la Justicia española nunca ha sido partidaria del jurado popular, pues lo ve como una intromisión en sus prerrogativas. Hablando claramente, recela de la autoridad concedida por la constitución española a los ciudadanos para dirimir aspectos claves como la inocencia o culpabilidad de un acusado. Hay que recordar que la institución de los jurados populares, fue una batalla sorda que durante muchos años la judicatura española rechazó y combatió por todos los medios. Por lo que se ve a día de hoy, sigue considerando a la institución del jurado popular como un estorbo, empeñados en vaciar las atribuciones del jurado popular, ya que de momento no pueden abolir la Ley, hoy al menos, mañana podría ser. Para mi, personalmente, el jurado popular me garantiza que voy a tener un juicio justo. El tribunal ordinario me presupone, dado el encono mostrado por las autoridades españolas, tanto políticas, como judiciales, como mediáticas, una grave duda acerca de la imparcialidad con la que unos jueces profesionales, van a considerar las pruebas y una aún más grave duda al respecto de la imparcialidad con la que van a decidir sobre mi inocencia o culpabilidad. Deseo recordar a todos los que leen este escrito que he sido linchado mediaticamente, la policía ha mentido y ocultado pruebas que demuestran mi inocencia, o por lo menos ponen en duda las acusaciones vertidas sobre mi, por estos motivos, unido a la falta de presunción de inocencia y deformación de mi personalidad, que los medios de comunicación han propagado a los cuatro vientos, me hacen suponer un juicio “precocinado”, por este motivo, deseo que se me enjuicie por un tribunal de jurado popular. Si la gente me condena o me absuelve será su decisión, pero será una decisión imparcial, ajena a los prejuicios politiqueros y otros condicionantes que funcionarios del Estado, a buen seguro, puedan tener. Y quiero resaltar aquí, que soy un enemigo del estado y como tal, no puedo esperar su clemencia e imparcialidad, pero sí pertenezco a la gente, y a ellos, a mis hermanos y hermanas me dirijo en busca de justicia e imparcialidad, siempre he luchado a favor de la gente y en contra del Estado opresor.

Pero quisiera retornar otra vez a los argumentos que esgrime la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Navarra y en concreto su ponente José Julian Huarte Lázaro: “Pues bien en el supuesto de autos, y en discrepancia con lo sustentado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Tudela, no aparece que el delito de tenencia ilícita de armas se hubiera cometido presuntamente con la finalidad exclusiva de perpetrar los delitos de asesinato/homicidio o facilitar su ejecución o procurar su impunidad, de ello en el supuesto de autos, según el testimonio remitido no hay ningún dato, ya que no se refleja, aunque fuera con un arma de fuego el medio con el que se atentó contra la vida de los agentes, que la misma, su tenencia y posesión, que constituye el delito de tenencia ilícita de armas, lo fuese con la exclusiva intención de atentar contra la vida de los agentes. En esta tesitura la concurrencia de un presunto delito de tenencia ilícita de armas, para el que no es competente el tribunal del jurado, hace que no sea procedente incoar dicho procedimiento, por lo que debe revocarse el auto dictado por el juzgado de instrucción número 3 de Tudela”. Uno, cuando lee estos sesudos razonamientos se queda de piedra. Al parecer es menester que el arma utilizada para matar a los agentes de la guardia civil, sea sólo y exclusivamente utilizada para esta finalidad, para establecer una conexión entre los delitos de homicidio/asesinato y atentado a la autoridad, que sí están recogidos en los supuestos de aplicación del tribunal del jurado. Es lógico y evidente que el arma utilizada fue factor determinante en la muerte de los guardias civiles, y que de no haber tenido la mano homicida tal instrumento, jamás habrían muerto los guardias civiles de forma violenta. Pero pretender además, que el arma utilizada lo fuera sólo con el fin y objetivo de matar a los guardias civiles, para beneficiarse de los presupuestos establecidos para el enjuiciamiento por el tribunal del jurado popular, es absurdo, sería como decir que la navaja asesina que corta el cuello de la víctima, hubiera sido utilizada sólo para ese fin. Si el asesino, previamente, hubiera utilizado la navaja para prepararse un bocadillo, ya no quedaría incluida la navaja como conexa al delito de homicidio/asesinato. Pero es que además tanto el número de delitos como la gravedad de los mismos es enormemente dispar, aquí se enjuician dos delitos de homicidio/asesinato, castigados con pena de 15 años/20 años por delito, en función de si se establece la culpabilidad por homicidio o asesinato, otros dos delitos de atentado a la autoridad, castigables con penas de 4 a 6 años por cada uno, y por fin, el delito de tenencia ilícita de armas castigable con pena de 1 a 3 años. Si uno suma, ve que por los asesinatos más los atentados a la autoridad se piden 52 años, en cambio sólo de 1 a 3 años por la tenencia ilícita de armas. Al ser más los delitos, y también la gravedad de los mismos, recogidos dentro de los supuestos que se consideran necesarios para mi enjuiciamiento por el tribunal del jurado popular, debería de ser juzgado por el tribunal del jurado popular, y si no fuera compatible el delito de tenencia ilícita de armas en el supuesto recogido para la aplicación del juicio por jurado popular, pues este delito debería ser retirado de la acusación y venir a ser enjuiciado por tribunal ordinario, una vez el jurado popular hubiera dictaminado la culpabilidad o inocencia de mi persona, naturalmente, sólo debería de ser enjuiciado en el caso de ser encontrado culpable, porque de ser declarado inocente no debería ser procesado por tal delito. Lo que no se puede hacer es decir que porque un delito pequeño (en comparación con los otros delitos de los que soy acusado) no casa en los supuestos del enjuiciamiento por tribunal de jurado, todos los otros delitos que sí se ajustan a los supuestos de la Ley del tribunal del jurado popular, y que son, repito, de enorme gravedad, tengan que ser hurtados a la decisión imparcial y el conocimiento de un jurado popular. Esto es claramente una interpretación torticera de la Ley, tendente a conseguir, con certeza, una condena hacia mi persona. Y yo pregunto: ¿De qué tienen miedo estos jueces? ¿De que un jurado popular, no controlable orgánicamente, pudiera decidir que soy inocente y que las pruebas que se puedan esgrimir en mi contra no demuestren mi culpabilidad?. Estoy profundamente convencido que este es el motivo y desde aquí quiero alertar a la opinión pública, para que se mantenga vigilante ante la política de hechos consumados que alguien quiere imponer. Soy inocente, y cualquier fabricación de pruebas, menoscabo a mi presunción de inocencia y maquinación para conseguir fraudulentamente mi condena, es un gravísimo delito que podrían estar cometiendo funcionarios del Estado. Reclamo mi derecho constitucional a un juicio justo, con todas las garantías que las leyes preveen. La prevaricación es un delito grave, pues provoca no sólo indefensión, sino que desmoraliza a los ciudadanos, a aquellos ciudadanos que creen en la justicia, en la imparcialidad, en la moralidad, en la altura de principios, además hace indignos a los que practican este grave y reprobable crimen, en cualquier caso, deslegitima a la justicia del Estado español, y la pone a la altura de cualquier dictadura de un país del tercer mundo. En casos así, es donde se pone a prueba también la legitimidad de un Estado que dice ser democrático y de derecho.

Pero no sólo en el aspecto judicial queda deslegitimado el Estado español, también sucede lo propio con la indignidad de sus prisiones. Hablando de las prisiones del Estado español es obligatorio resaltar que en España están infringiendo todas las legislaciones existentes en Europa relativas a los derechos humanos. Hay que decir públicamente que en las prisiones españolas no sólo se tortura física y psíquicamente, sino que en sus instalaciones se encuentran camufladas auténticas celdas para torturar, llegando en algunos casos a disponer de elementos de sonido (altavoces) para no sólo ahogar los lamentos de los prisioneros que están siendo objeto de torturas, sino que incluso y siguiendo las técnicas tristemente conocidas de Guantánamo y Abu-Ghraib, se deja la música conectada durante toda la noche para así conseguir sufrimiento adicional por falta de sueño, en concreto se utilizan instalaciones, teóricamente diseñados para otros fines, para torturar. La inseguridad en los módulos de aislamiento, auténticas cárceles dentro de las cárceles, es absoluta. Las vejaciones, palizas, provocaciones, acoso y “suicidios”, protagonizadas por algunos funcionarios de prisiones ultraderechistas, son una constante en las prisiones del Estado español. Actualmente estoy recluido en la celda número 21 del ala C del módulo de aislamiento de la prisión de Zuera. A modo de ejemplo, y como botón de muestra, tengo que denunciar públicamente que mi celda así como todas las restantes del ala C, celdas 21 a 30, no sólo tienen barrotes en las ventanas sino además un enrejado metálico que deja aberturas de 3 x 3 centímetros y que impide no sólo sacar los brazos por la ventana sino que limita considerablemente el paso de la luz. Estos enrejados metálicos están prohibidos por la Ley General Penitenciaría que, en su día y en diferentes lugares de España, dispusieron su eliminación, pero como quiera que los módulos de aislamiento de las prisiones de España son auténticos “gulags” donde reinan “zares” por encima del bien y el mal, denominados pomposamente sub-directores de seguridad, y que deberían de llamarse por su nombre; administradores de inseguridad. Además en estos lugares reina el silencio cómplice, la iniquidad y la podredumbre. Se hacen muy necesarias las visitas de inspección no sólo de las autoridades del Estado español, sino también las de comisiones de investigación de la Corte Europea de los Derechos del Hombre y de organizaciones no gubernamentales como Amnesty International. Espero y deseo que este escrito a la opinión pública sea leído por la señora Directora General de Instituciones Penitenciarias, tendré sumo gusto en informarla de aspectos terribles de las prisiones del Estado español. No obstante, tengo intención, en el momento más apropiado, de escribirle una carta dossier personal donde ampliaré fehacientemente todo lo que sea menester acerca de las torturas que se cometen en las cárceles españolas. Esta carta será previa a la denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde pretendo denunciar al Estado español. Quiero recordarle a la señora Mercedes Gallizo que la tortura esta absolutamente prohibida en Europa, tanto en su forma física como psíquica, y que es un delito que, no prescribe nunca y que hace absolutamente indigno al Estado que la practica, es obligación de todos desarmar esta estructura de silencios, complicidades, amenazas y coacciones que impiden que salga a la luz pública este cúmulo de aberraciones. Le recomiendo a la señora Mercedes Gallizo que tenga a bien dirigirse a nosotros, los presos F.I.E.S., para obtener información de primera mano, puesto que somos nosotros, principalmente, las víctimas de estos crueles tratos inhumanos y degradantes. Es evidente que si usted se dirige en busca de información a un módulo normal, donde residen presos de confianza de los funcionarios de prisiones, usted recibirá sólo información mediatizada y complaciente.

Es muy conveniente que en las prisiones españolas entre una considerable cantidad de aire fresco que renueve el aire putrefacto que aquí se respira, y que el preso, independientemente del delito cometido, o del delito del que esté acusado, pueda residir en las prisiones de una manera digna, igual, para todos, donde sólo se este privado de libertad, no de derechos constitucionales. Sería deseable señora Gallizo dos cosas: La primera que todos los funcionarios de prisiones llevaran en su uniforme, bien visible, el nombre y apellido o número de identificación, como sucede en las prisiones europeas, y la segunda que prohibiera la exhibición en el uniforme de los funcionarios de prisiones de cualquier tipo de bandera o símbolo que pudiera tener connotación o pertenencia a cualquier ideología política, si hay que portar, bien visible, la bandera de España que sea de uso general para todos los funcionarios de prisiones, pero no como una forma de identificación con ideologías de ultraderecha.

Salud y Anarquía

Jaime Giménez Arbe

Redactado en la prisión de Zuera, módulo de aislamiento, ala C, celda 21, en abril de 2008.